Los episodios de vertidos en el mar se producían antes del 2015 y los anteriores responsables mantenían las playas abiertas poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía

Palma, 9 de mayo de 2021.- El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha manifestado este martes que no comparte la decisión judicial sobre los vertidos de Emaya, según la cual se aprecian indicios de delito contra el medio ambiente por los vertidos fecales en la bahía de Palma y se rechazan las peticiones de archivo del caso presentadas por la actual concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, y demás imputados. De hecho, el equipo de gobierno ha remarcado que se han realizado más actuaciones que nunca para solucionar este problema. El listado de las acciones es largo e incuestinable y demuestra la firme voluntad de no esconder, sino de revertir los vertidos en el mar.

Durante el pasado mandato, cuando Truyol estuvo al frente de EMAYA, se va:
. Limpiar el colector de aguas pluviales de Playa de Palma (CAZ): no se había limpiado en 20 años.
. Recuperar el canon de saneamiento. Un canon finalista que el gobierno del PP decidió que debía destinarse a otras cosas.
. Poner en marcha proyectos clave para revertir la situación: tanque de laminación y colector interceptor. Estas dos obras suponen reducir en un 90% los cierres de las playas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí.
. Comprar los solares para ubicar la nueva depuradora.
 
Durante el actual mandato:
. Se están ejecutando las obras del tanque y el colector. Estarán listas para esta temporada de playas.
. Se ha cerrado la financiación para la construcción de la nueva depuradora. El convenio está firmado.
. Se ha aceptado el emisario largo para proteger la posidonia.

"Somos el equipo de gobierno que más ha hecho para revertir la situación", ha dicho Neus Truyol en rueda de prensa. La concejala ha comparecido acompañada por el portavoz del PSIB-PSOE en el Ayuntamiento, Francisco Ducrós, y por el representante de Podemos, Alberto Jarabo. Truyol ha subrayado que "en las últimas décadas no se hicieron las inversiones necesarias para arreglar unas estructuras de saneamiento deficitarias" y que hasta el pasado mandato "no se habían cerrado las playas para proteger la salud pública" en caso de derrames.

Además, la concejala ha criticado que "se haya encausado el equipo de gobierno que más ha hecho para revertir los vertidos". "Reducir los vertidos e informar de ellos no es ningún delito", ha continuado, además de mostrar su sorpresa para que "la investigación se enmarque en años muy concretos", sin cuestionar a otros equipos de gobierno, a pesar de que los derrames se producen desde hace décadas.

Emaya no tiene competencias para la construcción de un nuevo emisario y una nueva depuradora. Sin embargo, se hicieron gestiones de repente desde la presidencia para revertir la situación, motivada por la obsolescencia de una depuradora de los años 70 y una red de alcantarillado única para fecales y lluvia. La empresa municipal cumplía y cumple con toda la normativa sectorial protectora del medio ambiente. "La investigación se inició por nombres que no tienen que ver con el medio ambiente. De hecho, la denuncia la hizo una persona vinculada a la derecha que discrepaba del decreto de posidonia", ha añadido. Según Truyol, tras esta situación "hay una persecución política por motivos económicos". "El equipo de gobierno que ha actuado con transparencia y ha explicado a la población la problemática ha terminado encausado", ha sentenciado.

Por todos estos motivos, el equipo de gobierno no entiende que, quien más ha hecho para revertir la situación, acabe encausado y que no se investigue a quien menos hizo para paliar el problema. Los episodios de vertidos al mar no empezaron a producirse en 2015, venían de antes. Era una situación que se conocía y los anteriores gestores no hicieron nada por cambiarlo, al contrario, se escondía. Así, cuando se producían vertidos, no se cerraban las playas, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía. No se hizo ninguna inversión para evitarlo cuando, además, los responsables políticos conocían la necesidad de que los técnicos se lo comunicaran en varias ocasiones. Con el cambio de gobierno, esta situación cambió y se puso ante todo la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente en base a la transparencia.